La transformación digital en el sector financiero mexicano ha impulsado avances notables, aunque también ha dejado al descubierto contradicciones profundas. El 87% de los usuarios que cuentan con internet en el país realiza operaciones bancarias a través de dispositivos móviles, según datos del INEGI (2023), lo que refleja una clara tendencia hacia la bancarización digital. Sin embargo, esta adopción no es homogénea: un 45% de los adultos permanece excluido de los servicios bancarios tradicionales, y el 74.5% de los hogares depende aún del efectivo para las transacciones cotidianas. Incluso entre quienes sí participan en el sistema formal, solo el 49% de la población activa posee una cuenta de captación, lo que pone de manifiesto una inclusión superficial y desigual.
Esta brecha se ve agravada por la concentración del mercado financiero. Si bien México cuenta con numerosos BANCOS y una gran variedad de actores como SOFOMES, SOFIPOS, SOCAPS e IFPES, menos del 10% de estas entidades controlan la mayor parte del mercado, de acuerdo con un estudio de Ontier. Este control por un reducido número de actores limita la competencia y, por ende, frena la innovación, especialmente en zonas rurales donde las plataformas digitales podrían reducir los costos de transacción hasta en un 30%. La falta de acceso en estas regiones perpetúa un círculo vicioso de exclusión, pues sin un acceso a Internet adecuado, la inclusión financiera se reduce a meras promesas incumplidas.
Otro obstáculo crítico son los desafíos regulatorios. Las "Super-Apps" (plataformas multifuncionales) operan bajo una regulación aún insuficiente, ya que estos modelos digitales no están previstos en la legislación mexicana. A esto se suma la falta de regulación que está pendiente de publicarse sobre el "Open Finance", específicamente en lo que respecta a la interoperabilidad, así como vacíos legales para los comisionistas digitales en los diferentes sectores y no solo bancario. Estos problemas crean un entorno de incertidumbre que desalienta la inversión en innovación. Aunque entidades como la BANXICO, SHCP, CNBV, CONDUSEF, COFECE, CNSF y CONSAR tienen roles clave en este marco, la falta de coordinación entre ellas podría ralentizar el avance hacia una economía digital inclusiva.
Para operar en el ecosistema FinTech, las empresas enfrentan un dilema estratégico con varias opciones disponibles. La primera es obtener licencias o registros bajo figuras como BANCOS, SOFIPOs, IFPEs, IFCs, SOFOMES,, Transmisores de Dinero, Adquirentes, Agregadores, entre otras. Este camino, aunque riguroso, ofrece ventajas como el control total del modelo de negocio y una mayor credibilidad ante los inversionistas. Un ejemplo de ello es Nu México, que en 2023 inició su transición de SOFIPO a Neobanco al obtener una licencia bancaria, lo que le permitió ampliar sus servicios, como la portabilidad de nómina. No obstante, este proceso exige inversiones significativas en tiempo y recursos para cumplir con los requisitos regulatorios.
La segunda ruta consiste en fusiones y adquisiciones. Adquirir entidades ya autorizadas permite acelerar la entrada al mercado y reducir los riesgos iniciales. Este modelo aprovecha carteras de clientes existentes y evita interrupciones operativas, aunque implica asumir estructuras heredadas que podrían limitar la innovación.
La tercera alternativa son las alianzas estratégicas. Colaborar con entidades reguladas y/o supervisadas permite operar bajo su marco legal sin necesidad de una licencia propia. Los comisionistas son un caso relevante: empresas tecnológicas aliadas con entidades financieras ofrecen servicios como la apertura de cuentas, consulta de saldos y pagos. Esta opción reduce los costos iniciales, pero limita el control sobre el modelo de negocio. En este contexto, empresas como OXXO y Spin demuestran que combinar tecnología y cumplimiento normativo es una estrategia viable.
En conclusión, México vive una dualidad: avanza en la digitalización financiera, pero enfrenta brechas estructurales significativas. La concentración del mercado y los vacíos regulatorios exigen políticas que equilibren la innovación con la protección del usuario. Las FinTech deben elegir entre obtener licencias o formar alianzas, para poder implementar sus modelos de negocio en México.
