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El sector financiero es clave para el desarrollo económico de México, pues facilita la inversión, el ahorro y el acceso al crédito, impulsando un crecimiento más equitativo e inclusivo. No obstante, enfrenta desafíos significativos, como la baja inclusión financiera, la alta informalidad laboral, la desigualdad en el acceso a servicios financieros y las deficiencias en el sistema de pensiones. A pesar de los avances en el sector, persisten brechas que requieren una estrategia integral para mejorar su eficiencia y capacidad de respuesta a las necesidades de la población, según el Banco Mundial.
Uno de los problemas más urgentes del sector financiero mexicano es la baja inclusión financiera. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, solo el 61.9% de las mujeres y el 74.3% de los hombres utilizan al menos un instrumento financiero formal. Además, apenas el 47.1% de los adultos posee una cuenta bancaria, una cifra inferior al promedio de América Latina y distante de los niveles observados en economías con sistemas financieros más desarrollados. En cuanto al crédito, solo el 31% de la población adulta accede a préstamos formales, mientras que el 29% depende de mecanismos informales como prestamistas y familiares.
Los hogares de menores ingresos dependen en gran medida de los servicios financieros formales, lo que subraya la necesidad de fortalecer la infraestructura digital. Actualmente, solo el 32% de la población utiliza banca móvil, lo que restringe el acceso en comunidades remotas. Ampliar la digitalización y fomentar la educación financiera serían medidas clave para mejorar la bancarización y reducir la exclusión financiera.
Por otro lado, el empleo informal continúa siendo un obstáculo para el desarrollo del sector financiero, dado que el 55% de los trabajadores en México opera en la informalidad, lo que equivale a más de 30 millones de personas. Esta tasa es considerablemente más alta que la de países de la OCDE, donde la informalidad rara vez supera el 20%.
Esta situación limita el acceso a créditos, planes de ahorro para el retiro y seguros, lo que incrementa la vulnerabilidad económica de los trabajadores. Además, reduce la base tributaria, afectando la capacidad del Estado para financiar programas de protección social. Para mitigar este problema, el Banco Mundial recomienda reformas laborales que incentiven la formalización del empleo mediante estímulos fiscales, simplificación de trámites y mayor supervisión en sectores con alta informalidad.
El gobierno mexicano ha desarrollado programas de transferencias monetarias, como la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores y las becas para estudiantes, con el objetivo de reducir la pobreza. En la última década, el presupuesto destinado a estos programas ha crecido significativamente, superando los 500 mil millones de pesos anuales.
Sin embargo, estos programas podrían ser más efectivos si se integraran plenamente al sistema financiero. Actualmente, solo el 56% de los beneficiarios recibe sus pagos a través de cuentas bancarias.
El sistema de pensiones en México ha mejorado en cobertura, pero aún presenta desigualdades y problemas de sostenibilidad. Actualmente, solo el 45% de los trabajadores está afiliado a un esquema formal de pensiones, y se estima que para 2050 más del 60% de los adultos mayores no contará con una pensión suficiente para cubrir sus necesidades básicas.
El gasto público en pensiones equivale al 3.8% del PIB, una cifra inferior a la de países como Brasil (8.3%) o Argentina (7.5%). Esta situación ha generado desigualdades significativas entre los trabajadores que cotizan en el IMSS o ISSSTE y aquellos que dependen de pensiones no contributivas. Para mejorar el sistema, es necesario fortalecer el ahorro obligatorio, reducir la fragmentación entre subsistemas y garantizar una distribución equitativa de los beneficios.
El crecimiento económico en México ha sido lento en las últimas dos décadas, lo que ha limitado la capacidad del sector financiero para reducir la pobreza. Se estima que un crecimiento del PIB per cápita de 2% entre 2024 y 2030 reduciría la pobreza monetaria del 21.8% al 15.4%, mientras que un crecimiento del 3% la disminuiría al 13.4%.
En conclusión, un crecimiento inclusivo y sostenible depende de la modernización del sistema financiero y de la implementación de políticas que reduzcan la desigualdad. Con un enfoque integral que contemple la digitalización, la formalización del empleo y reformas en el sistema de pensiones, México podría fortalecer su sector financiero y avanzar hacia un desarrollo económico más equitativo y sostenible.
